Corte explica por qué declaró inexequible reforma al arancel judicial


Mayo 26, 2016

La Corte Constitucional dio a conocer el texto de la sentencia que declaró inexequible la Ley 1653 del 2013, que exigía el pago de un arancel judicial equivalente al 1,5% del valor reclamado en todos los procesos con pretensiones dinerarias, salvo algunas excepciones, antes de la presentación de la demanda.

Según la Corte, la norma afectaba de manera desproporcionada el acceso a la administración de justicia, pues el valor del arancel no se determinaba según la capacidad de pago del demandante, podría considerarse como una falta de previsión de garantías contra la confiscación y se podría convertir en una exigencia desigual.

Sin embargo, aclara que la decisión no deja sin efectos el cobro del arancel, pues, con este fallo, recobró vigencia la Ley 1394 del 2010.

La Corte Constitucional publicó el texto de la Sentencia C- 169 del pasado 19 de marzo, en la que declaró inexequible la Ley 1653 del 2013, por la cual se reformó el arancel judicial.

Según el alto tribunal, la regulación comprendida en la norma en cuestión afectaba de manera desproporcionada el acceso a la administración de justicia y vulneraba el principio de equidad, en especial, la modalidad horizontal, es decir, entre sujetos con la misma capacidad económica.

En primer lugar, indicó la sala, el valor o monto previsto del arancel no se determinaba con criterios que consultaran la capacidad de pago. En segundo término, explicó, podría considerarse como una falta de previsión de garantías tributarias contra la confiscación. Por último, se podría convertir en una exigencia desigual.

La norma, además de ampliar el hecho generador en función del tipo de proceso, lo hacía independientemente de la cuantía de las pretensiones, para no contraerlo solo a aquellas formuladas por elevadas sumas de dinero.

Aunque la Corte aclaró que no se trataba de una materia reservada a la legislación estatutaria, sostuvo que los elementos estructurales de esta reforma también violaban los principios de progresividad, justicia y excepcionalidad que deben caracterizar ese tipo de tasas.

Sujetar el monto del arancel a la condena no tiene relación con la renta, determinación de la riqueza, propiedades o consumo del contribuyente, que son los elementos que deben tenerse en cuenta frente a estos sistemas normativos, advirtió

Par el alto tribunal, la disposición imponía regresiones en el sistema tributario y daba lugar a que pretensiones dinerarias cuantiosas legítimas no fuesen reclamada ante la justicia, si se trataba de un actor sin capacidad económica, pues era necesario de mostrar el pago de la tasa para iniciar el debate judicial. Además, era innecesaria, pues ya existen medios para impedir la interposición de acciones temerarias.

No obstante, indicó que la sentencia no deja sin efectos el cobro del arancel judicial, creado por la Ley 1285 del 2009, pues la norma declarada inexequible había derogado la primera regulación, prevista en la Ley 1394 del 2010.

El arancel estimado en esta última disposición se exige en la medida en que se reporte un ingreso para el contribuyente, y la base gravable la conforman los criterios relacionados con aquel, como el valor efectivamente recaudado o la estimación económica de los bienes o prestaciones.

Este ingreso puede provenir de distintas vías, como el cumplimiento de lo acordado en una transacción o conciliación que termine el proceso; cuando provenga de una condena impuesta por un laudo arbitral o cuando se cumplan las obligaciones reclamadas en un proceso ejecutivo de los que trata la norma.

El arancel está contemplado solo para algunos procesos ejecutivos en material civil, comercial y contencioso administrativa y excluye expresamente los procesos declarativos.

En cuanto al sujeto pasivo, establece que cuando se presenta el hecho generador del arancel, estará a cargo del demandante inicial o del demandante en reconvención beneficiado con las condenas o pagos o de sus causahabientes.

Así mismo, excluye a las personas pertenecientes a los niveles 1 y 2 del Sisbén y a quienes, sin pertenecer a dicha clasificación, se les haya reconocido el amparo de pobreza.