El ingreso de hora cátedra como factor salarial en la liquidación de las pensiones


Mayo 26, 2016

En diversos fallos judiciales originados en el estudio de constitucionalidad de normas o de decisión de casos particulares, los altos tribunales, especialmente la Corte Constitucional, de manera especial y preferente han reiterado el criterio que en los contratos de prestación de servicios docentes, hora cátedra, soluciones educativas, etc., subyacen los elementos propios de la relación laboral y en consecuencia, generan las mínimas prestaciones sociales, tales como pensiones y cesantías.

De igual manera, se ha concluido que los salarios reconocidos por conceptos de horas extras o cátedras laborales por los docentes y directivos docentes fuera del tiempo completo para solucionar necesidades educativas o compensar la administración de dos o más jornadas, o inclusive las laboradas en universidades públicas, deben ser considerados como parte integral del Ingreso Base de Liquidación tanto para cesantías como para pensiones.

Recordemos que la Constitución Política de 1991 en el artículo 128, de manera general prohíbe desempeñar más de un cargo público o la concurrencia de más de una asignación que provenga del erario de la Nación, departamentos, municipios o de cualquier entidad descentralizada, salvo excepciones legales.

La Ley 4ª de 1992 desarrolló el artículo 128 de la Carta Superior y en el artículo 19 determinó las excepciones a la prohibición constitucional de la siguiente manera: "Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado. Exceptúense las siguientes asignaciones:
(…)

d) Los honorarios percibidos por concepto de hora-cátedra".

(…)

Parágrafo.- No se podrán recibir honorarios que sumados correspondan a mas de (8) horas diarias de trabajo a varias entidades."

Por lo tanto se concluye que se pueden vincular a empleados públicos y trabajadores oficiales para que presten el servicio de docencia mediante el sistema hora-cáedra, el que debe ser remunerado, correspondiéndoles de igual manera las pretaciones sociales que fija la ley a los servidores del Estado, proporcionalmente al trabajo desempeñado, equivalente a los que perciben los docentes de medio tiempo o tiempo completo.

La afirmación anterior se la obtiene de la decisión contenida en la sentencia C-006 de 1996 por la cual la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del aparte del inciso segundo del artículo 74 de la ley 30 de 1992. "… y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos" y el artículo 73 de la ley 30 de 1992, cuyo texto prescribía: "… su vinculación a la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios el cual se celebrará por periodos académicos.
Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades distintas a las que se acostumbran entre particulares. El régimen de estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato podrá darse por determinado sin indemnización alguna en los casos de incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato. Estos contratos requieren, para su perfeccionamiento, el registro presupuestal correspondiente."

Los razonamientos del alto tribunal constitucional para dictar el fallo, entre otros sostienen:

" No se encuentra fundamento constitucional que justifique la negación expresa que hace la disposición demandada, del derecho que tienen los profesores ocasionales, en cuanto trabajadores al servicio del Estado, al reconocimiento, obviamente proporcional, de las prestaciones sociales que consagra la legislación laboral, mucho menos, cuando ellas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la C.N. constituyen beneficios mínimos irrenunciables. Los profesores ocasionales de las universidades estatales u oficiales, a los que se refiere la norma, tendrán derecho, a partir de la fecha de este pronunciamiento, al reconocimiento proporcional de las prestaciones sociales que se aplican a los profesores empleados públicos de carrera.

(…)

Los profesores de cátedra tienen también una relación laboral subordinada, por cuanto cumplen una prestación personal de servicio, igual a la que realizan los profesores de tiempo completo, de medio tiempo o los llamados ocasionales, ellos devengan una remuneración por el trabajo desempeñado y están sujetos a una subordinación como se les exige a los otros, como honorarios, reuniones, evaluaciones, etc., contemplados en el reglamento.

Entonces frente a esta similar situación de hecho que identifica la misma relación de trabajo subordinado de estos servidores públicos, debe corresponderles el mismo tratamiento en cuanto a prestaciones sociales , que deben pagárseles proporcionalmente al trabajo desempeñado. otro tratamiento desconocería el principio de igualdad y de justicia y seria evidentemente discriminatorio."
Así pues, sintonizando los efectos jurídicos de la excepción constitucional que no impide a los empleados oficiales trabajar como docentes por modalidad de hora cátedra en universidades públicas, y la vigencia del derecho a las prestaciones sociales derivadas de esta figura, como lo son las cesantías y pensiones, los emolumentos devengados deben ser incluidos para efectos de la reliquidación de la pensión de jubilación, a fortiori cuando se ha cotizado a una entidad de previsión.

Verbigracia, si un docente afiliado al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. de manera paralela laboró al servicio de una universidad oficial bajo la modalidad de docente hora-cátedra, y de los honorarios pactados se practicaron descuentos para garantizar el derecho a la jubilación que emana del sistema de seguridad social, tiene derecho a que se le reconozca la pensión con todos los factores salariales, incluyendo los emolumentos devengados bajo la modalidad aludida.

No sobra advertir que si las personas alcanzaron la pensión de vejez sin haber realizado los tramites administrativos para que se incluyan los salarios u honorarios devengados bajo la modalidad catedrática, pueden deprecar la reliquidación de la pensión ante la entidad de previsión que les reconoció este derecho, exigiendo la aprobación el bono pensional o la imposición de cuotas partes según lo preceptuado en el articulo 2º de la ley 33 de 1985.