Estructura de las juntas de calificación de invalidez tiene reserva legal


Mayo 26, 2016

La Corte Constitucional publicó el texto de la Sentencia C-914 del 04 de diciembre del 2013, por la cual declaro inexequibles algunos apartes de los artículos 16 y 19 de la Ley 1562 del 2012, que modifico el Sistema de Riesgos Laborales. Estas disposiciones le ordenaban al Ministerio de Trabajo (Mintrabajo) reglamentar la designación de los integrantes de la junta de calificación de invalidez.

De acuerdo con el fallo, esta faculta vulneró el numeral 7º del artículo 150 de la Constitución, que establece reserva legal en cuanto a la definición del modo de designación de los miembros y órganos de dirección principales de estas organizaciones.

La Corte recordó la Sentencia C-1002 del 2004, según la cual si las juntas pudieran concebirse como órganos de naturaleza privada, la definición de su estructura y objetivos no estarían sometidos a reserva de ley.

Así mismo, el alto tribunal declaró condicionalmente exequible el aparte normativo "y podrá imponer multas en forma particular a cada integrante de las juntas hasta por 100 salarios mínimos legales mensuales graduales según la gravedad de la falta, por violación de las normas, procedimientos y reglamentación del Sistema de Riesgos Laborales", previsto en el artículo 20 de la Ley 1562 del 2012.

En este caso, advirtió que esta facultad del Mintrabajo solo puede ser ejercida si la Procuraduría no ha iniciado una investigación por los mismos hechos o si esta no reclama su poder preferente para llevarla a término.

Los magistrados María Victoria Calle y Jorge Iván Palacios salvaron parcialmente el voto, al considerar que la ultima disposición estudiada debió ser declarada inexequible, pues el condicionamiento adoptado viola los principios de legalidad de las faltas y proporcionalidad de las sanciones, ya que no hay un criterio para graduar el carácter leve o grave de un incumplimiento a las reglas del Sistema de Riesgos Laborales.

Por su parte, el magistrado Mauricio González señaló que los apartes demandados de los artículos 16 y 19 de la Ley 1652 del 2012 cabían perfectamente en el ámbito de la potestad reglamentaria del Ejecutivo.