La Acción Popular


Mayo 26, 2016

La acción popular como mecanismo judicial, dirigido a la protección de los derechos e intereses colectivos, reviste suma relevancia en el entorno de las regiones, por cuanto es una acción pública constitucional, una demanda sencilla, como la tutela, que no requiere otorgamiento de poder a un abogado, encaminada a la defensa directa de los derechos de las personas. Sin embargo, se distingue de la acción de tutela no sólo frente al trámite y el término de resolución más dispendioso, sino también, por cuanto se dirige, en principio, a la protección de los derechos colectivos y no a la salvaguarda de aquellos que se denominan fundamentales, sin perjuicio que, en algunos casos, puedan verse conectadas ambas categorías de derechos.

Lo anterior ocurre cuando con la violación o amenaza al bien colectivo a disfrutar de un ambiente sano, se pone a su vez en peligro la vida y la integridad de los miembros de una comunidad. En estos casos, para definir el mecanismo constitucional de protección, es decir, si la vía judicial adecuada para la protección de los derechos, es la acción de tutela o, por el contrario, la acción popular, debe acudirse al criterio de la pluralidad de personas que se vean afectadas con la amenaza o violación de los derechos.

Entonces, el objeto primordial de la acción popular es amparar los derechos e intereses colectivos, evitando el daño contingente, hacer cesar el peligro, vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, y restituir las cosas a su estado anterior, cuando fuere posible. Por ejemplo, cuando una propiedad amenaza ruina, y ello implica poner en peligro la integridad física y la seguridad de los transeúntes del sector, cualquier persona que se vea afectada puede lograr que cese la amenaza de daño o agravio a la comunidad, mediante orden judicial que disponga, de ser posible, las reparaciones a que haya lugar en el inmueble, o su destrucción, evitando así la ocurrencia de un daño contingente.

Es así que el ambiente sano, el quilibrio ecológico y uso racional de los recursos naturales, la conservación de las especies vegetales y animales, el goce del espacio público, la defensa del patrimonio públio y la moralidad administrativa, la seguridad y la salubridad públicas, el acceso a los servicios públicos, para que su prestación sea eficaz y oportuna, constituyen, entre otros, derechos colectivos susceptibles de protección judicial a través de las acciones populares.

Ahora bien, puede demandarse en acción popular tanto a personas naturales como a las personas jurídicas de derecho público o privado, inclusive a sujetos indeterminados, caso en el cual partiendo de la vulneración o la amenaza, el juez debe entrar a determinarlos.

En cuanto al juez competente, depende de la naturaleza jurídica del ente demandado, por cuanto si es pública corresponde a los jueces administrativos, en el otro evento, será competente el juez civil del circuito, salvo que la persona natural o jurídica privada tenga a su cargo funciones públicas, caso en el cual se radicará en la jurisdicción administrativa. Para ilustrar la última situación, cuando la demandada sea una empresa privada que preste servicios públicos domiciliarios, el conocimiento de la acción popular corresponde a los jueces administrativos.

Esperamos que la comunidad haga uso de este importante mecanismo, para contribuir así al desarrollo de las regiones y al bienestar colectivo. Sin duda es una de las herramientas proporcionadas por la Constitución para ejercer veeduría ciudadana a la Administración Pública.