Nueva reglamentación sobre estímulos para docentes que laboran en zonas de difícil acceso


Mayo 26, 2016

El Decreto 1171 del 19 de abril de 2004, reglamentó el inciso 6 del artículo 24 de la Ley 715 de 2001, en lo relacionado con los estímulos para los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales ubicados en áreas rurales de difícil acceso. Posteriormente el Congreso de la República expidió la Ley 1297 del 30 de abril de 2009, por medio de la cual se regula lo atinente a los requisitos y procedimientos para ingresar al servicio educativo estatal en las zonas de difícil acceso, poblaciones especiales o área de formación técnica o deficitaria y se dictan otras disposiciones.

El inciso 6º del artículo 24 de la Ley 715 de 2001, señalaba que: "Los docentes que laboran en áreas rurales de difícil acceso podrán tener estímulos consistentes en bonificación, capacitación, y tiempo, entre otros, de conformidad con el reglamento que para la aplicación de este artículo expida el Gobierno Nacional."

La nueva norma contenida en el artículo 2º de la Ley 1297 de 2009 que trata sobre incentivos a docentes de zonas de difícil acceso, señala: "Los docentes estatales que presten servicio en zonas de difícil acceso, que acrediten cualquiera de los títulos académicos requeridos para el ejercicio de la docencia al servicio del Estado, mientras presten sus servicios en esas zonas, disfrutaran de una bonificación especial, según reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Esta bonificación también se pagará a los docentes que se contraten en los términos del párrafo 1o de esta ley siempre que acrediten título de normalista superior, licenciado o profesional. Además, con cargos a los recursos del Sistema General de Participaciones, destinados a mantener, evaluar y promover la calidad educativa, se contratará anualmente la capacitación de los docentes vinculados a la educación estatal en las zonas de difícil acceso, conducente a título para los no titulados y actualización para los demás."

La nueva norma precisa que la bonificación especial se reconocerá a los docentes estatales que acredite cualquiera de los títulos académicos requeridos para el ejercicio de la docencia (normalistas superiores, licenciados y profesionales), también hace extensiva esta bonificación a los docentes contratistas, incluido los docentes contratados por entidades privadas de reconocida trayectoria e idoneidad, con la condición de que el personal que integra las correspondientes listas de elegibles para ser nombrados en esos cargos no acepte el nombramiento, que no se cuente con personal titulado para proveer los cargos en provisionalidad o no se cuente con las correspondientes plazas (Art. 1º, Parágrafo 1º, Ley 1295 de 2009).

Atendiendo al principio de la potestad reglamentaria que le otorga la Constitución Política al Ejecutivo, expide el Decreto 521 del 17 de febrero de 2010, para reglamentar parcialmente el inciso 6 del artículo 24 de la Ley 715 de 201 y el artículo 2 de la Ley 1297 de 2009, en lo relacionado con los estímulos para los docentes y directivos docentes de los establecimientos educativos estatales ubicados en zonas de difícil acceso.

De este Decreto pueden hacerse las siguientes apreciaciones normativas:

Se deja en claro que este decreto aplica a los docentes y directivos docentes que se rigen por los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002, que laboran en establecimientos educativos estatales en zonas de difícil acceso.

Precisa que el gobernador o alcalde de cada entidad territorial certificada en educación, deberá determinar cada año, mediante acto administrativo, y simultáneamente con el que fija el calendario académico, antes del primero (1º) de noviembre de cada año para el calendario "A" y antes del (1º) de julio para el calendario "B", las zonas rurales de difícil acceso y los establecimientos educativos estatales de jurisdicción, de conformidad con la ley y considerando una de las siguientes situaciones o criterios:

Que sea necesaria la utilización habitual de dos o más medios de transporte para un desplazamiento hasta el perímetro urbano.
Que no existan vías de comunicación que permitan el tránsito motorizado durante la mayor parte del año lectivo.
Que la prestación del servicio público de transporte terrestre, fluvial o marítimo, tenga una sola frecuencia, ida o vuelta diaria.

Por lo menos ahora los mandatarios territoriales encuentran un margen de tiempo en el cual deben expedir los actos administrativos que se reconocen como zonas de difícil acceso, teniendo en cuenta los criterios señalados.

La norma reconoce que cuando las condiciones que determina la expedición del acto administrativo no varíen, se entenderá que las zonas rurales de difícil acceso ya establecidas conservan tal carácter, es decir, aquellos centros educativos rurales considerados como difícil acceso seguirán teniéndose en cuenta como tales.

Esta es apenas una garantía para los docentes que vienen laborando y no se les ha reconocido dicha bonificación.

Siempre se afirma que cuando no se quiere hacer nada es necesario nombrar un comité o establecer veedurías, y eso es lo que hace el Decreto al determinar que el gobernador o alcalde de la entidad territorial certificada en educación conformara un comité técnico para que lo asesore, a través de un estudio, en la determinación de las zonas en difícil acceso de si jurisdicción . Dicho comité estará compuesto por los responsables locales de los sectores de planeación y educación, y que cuando el comité lo considere necesario consultará al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.

Les corresponde a las organizaciones sindicales organizar una veeduría para hacer seguimiento al cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto por parte de la autoridad territorial responsable de la administración del servicio educativo, y recomendar la adopción de los ajustes que estimen convenientes en un reporte que realicen anualmente al Ministerio de Educación Nacional.

Amanecerá y veremos, ojalá la politiquería de los mandatarios no absorba a las juntas directivas de los sindicatos y terminen avalando sin pena ni gloria decisiones injustas, discriminatorias e ilegales. Hoy les corresponde respaldar a los maestros sin mirar el régimen que les cobija, pues ante la ley todos son iguales y el sindicato siempre será su defensor. Es importante aclarar que esta norma solamente le dio a los sindicatos de los maestros la calidad de veedores, más no les otorgó capacidad para definir ni para conformar los famosos comités.

La bonificación no varía y será equivalente al quince por ciento (15%) del salario básico mensual que devenguen. Esta bonificación no constituye factor salarial ni prestacional para ningún efecto, se pagará mensualmente, y se causará únicamente durante el tiempo laborado en el año académico. En vacaciones no hay reconocimiento de la mencionada bonificación.

En cuanto a capacitación, aclara un poca más la situación al exigir a las entidades territoriales certificadas que cuenten con programas especiales de actualización para los docentes y directivos docentes que laboran en las sedes de los establecimientos educativos estatales ubicados en zonas rurales de difícil acceso. Estos programas formarán parte de los planes de mejoramiento institucional y estarán dirigidos a la obtención de algunos títulos académicos para ellos que lo necesitan, o para actualización de aquellos que ya poseen títulos académicos exigidos para el desempeño de la docencia.

En cuanto a otros incentivos establece que los docentes tendrán prioridad para acceder a crédito del ICETEX para adelantar estudios superiores, permiso para asistir a encuentros o eventos de carácter pedagógico siempre y cuando permita el mejoramiento del Proyecto Educativo Institucional, tiempo para realizar pasantías en otros establecimientos educativos de la misma entidad territorial que no puedan superar una duración de cinco (5) días hábiles y, pasajes aéreos.

Se crea una incompatibilidad en el sentido de que los incentivos establecidos serán irreconciliables con cualquier otra bonificación, incentivo o estimulo, del cual sea beneficiario el docente o directivo docente por efecto de laborar en una zona rural de difícil acceso, salvo el auxilio de movilización previsto en los decretos anuales de fijación de salarios. Con este Decreto se aplica el criterio reduccionista del otorgamiento de bonificaciones a los docentes que laboran en este tipo de zonas, cuando lo ideal es que quien labora más lejos debe estar mejor pagado para compensar en algo la labor magisterial.

Sin embargo nada es color de rosa; el Ministerio de Educación Nacional reglamentó el pago de esta bonificación desde el año 2005 y hasta la presente fecha no ha cancelado el primer peso por este concepto en el país .

Pero como siempre hay una solución ala mano, el Ministerio de Educación expidió la Directiva Ministerial No. 11 de 2009 que reconoce deudas y señala:

"Así como lo definido en el artículo 64 de la Ley 1260 de 2008_ Presupuesto Nacional de 2009-" con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 36 y 41 de la Ley 1151 de 2007, se pagarán contra las apropiaciones y excedentes de los recursos del Sistema General de Participaciones, los saldos que resulten del reconocimiento de los costos del servicio educativo ordenados por la Constitución y la ley, y las deudas por concepto de los costos acumulados en el Escalafón Nacional Docente, las homologaciones de cargos administrativos del sector y el incentivo regulado en el Decreto 1171 de 2004. El Ministerio de Educación Nacional revisará las liquidaciones presentadas territoriales y certificará el monto por reconocer."

"El Ministerio, ha realizado las acciones pertinentes para orientar la identificación y liquidación de todas las deudas con el fin de gestionar de manera oportuna recursos que permitan cubrir las obligaciones laborales con los funcionarios del sector. No obstante, a la fecha, existen varias entidades territoriales que no han culminado el proceso afectado la oportunidad en el pago de sus obligaciones."

"De no dar cumplimiento a las fechas establecidas las entidades territoriales deberán aportar sus recursos propios para cubrir los sobrecostos generados por la falta de gestión a que haya lugar, sin detrimento de las acciones disciplinarias o fiscales previstas en la normatividad vigente."

Como dice un sabio adagio popular: "una vez hecha la norma, hecha también la trampa". El mismo Estado aplica este ecuménico principio para no reconocer, ni pagar, reducir las instituciones establecidas como zonas de difícil acceso y aumentar las deudas con los maestros colombianos que con estoicismo soportan las injusticias cometidas por el Gobierno Nacional y los mandatarios territoriales, llámense gobernadores o alcaldes.