Valor comercial de un bien puede reconocerse en proceso de reivindicación


Mayo 26, 2016

En reciente fallo, la Sala de Casación Civil recordó que conforme al tenor gramatical del artículo 955 del Código Civil, lo que se debe restituir en el caso de la reivindicación ficta es el valor que el poseedor enajenante haya recibido por la venta.

Sin embargo, mal podría argumentarse que esa disposición no admite la posibilidad de que sea el valor comercial del bien lo que se ordene pagar al demandado, precisó la sala.

De esta manera el alto tribunal ratifico la interpretación según la cual, al no prever la norma lo procedente ante la imposibilidad de indagar por el valor que recibió el enajenante, se debe entender que la intensión del legislador es la de reconocer el valor de la cosa que es material de reivindicación.

Esta circunstancia se puede presentar cuando el inmueble no ha sido enajenado y, además, no es factible ordenar su restitución material, porque se encuentra ocupado por un servicio público o , como ocurrió en el caso concreto, no existe una venta del inmueble por parte del poseedor, sino la construcción de una urbanización dentro del mismo, es decir, un fraccionamiento jurídico y material.

En esta situación, la parte demandada no recibió un único precio, sino varios. Así mismo, el valor del metro cuadrado del inmueble antes de ser urbanizado era distinto del que resultó después de haber realizado las edificaciones.

Al no enajenarse el lote de terreno que se va a reivindicar, sino las viviendas que se construyeron sobre aquel y cuyo precio de vente fue mayor que el del bien que origino la controversia, el juez debe ordenar el pago del precio comercial del inmueble, desprovisto del incremento generado por las obras de urbanización que ejecutó la demanda.

Esta postura obedece a que no sería justo que se tuviera en cuenta el valor del metro cuadrado con el que se vendieron los apartamentos y se condenara con apoyo en tal cifra al enajenador, pues es claro que tal procedimiento le resultaría perjudicial a los intereses económicos de este último, concluyó la Corte.